Pros y contras de la nueva normativa de UAS en relación con las infraestructuras críticas

Aepdron ha analizado para El Radar el impacto que tendrá la nueva normativa de UAS en las infraestructuras críticas. La Asociación valora los pros y los contras, aunque desde la entidad siguen defendiendo los postulados recogidos en el nuevo Real Decreto.

Aepdron considera que la nueva normativa de UAS aporta mayor seguridad y protección; mayor claridad normativa; y fomenta la innovación, en relación con las infraestructuras críticas. (Foto: Foro Nuclear).

La Asociación Española de Pilotos de Dron (Aepdron), que hasta el momento es la entidad sectorial que ha defendido la nueva normativa de UAS con mayor empeño, ha explicado a El Radar los pros y los contras del nuevo Real Decreto en relación con las infraestructuras críticas.

En lo que respecta a los aspectos positivos, desde Aepdron destacan que la nueva normativa, que entró en vigor el pasado 25 de junio, aporta mayor seguridad y protección; mayor claridad normativa; y fomenta la innovación.

En cuanto a los aspectos negativos, consideran que el nuevo texto legal conlleva costes adicionales; pueden producirse retrasos operativos; y puede ocasionar un impacto negativo en las pequeñas empresas.

«Las entidades responsables de las infraestructuras críticas tendrán que «invertir en tecnologías y formación para asegurar el cumplimiento y la protección adecuada de sus instalaciones»

Aún así, la Asociación considera que «los beneficios» de la nueva normativa «superan claramente a los desafíos financieros y operativos» a los que tendrán que hacer frente las entidades responsables de la protección de las infraestructuras críticas.

«Con el tiempo -subrayan- las inversiones en seguridad y formación demostrarán ser valiosas, no sólo en términos de protección, sino también en el impulso de la innovación y el crecimiento económico en el sector de los drones».

Entre otras cosas, porque las entidades responsables de las infraestructuras críticas tendrán que «invertir en tecnologías y formación para asegurar el cumplimiento y la protección adecuada de sus instalaciones».

El nuevo texto legal, según la Asociación, conlleva costes adicionales; pueden producirse retrasos operativos; y puede ocasionar un impacto negativo en las pequeñas empresas.

A favor: mayor seguridad y protección para las infraestructuras críticas

La Asociación defiende que la implementación de zonas de restricción y la prohibición del vuelo sobre y alrededor de infraestructuras críticas «fortalece la seguridad, previniendo accesos no autorizados y posibles amenazas».

También sostiene que esas zonas «actúan como barreras virtuales que evitan que los drones puedan acercarse a áreas sensibles, reduciendo así el riesgo de actividades malintencionadas».

«La implementación de zonas de restricción y la prohibición del vuelo sobre y alrededor de infraestructuras críticas fortalece la seguridad, previniendo accesos no autorizados y posibles amenazas».

Por otra parte, en relación con las tecnologías de control aéreo, desde Aepdron explican que las medidas tecnológicas como el geofencing y los sistemas de detección antidrones aseguran un control efectivo del espacio aéreo.

«El geofencing -precisan desde la Asociación- crea barreras virtuales que los drones no pueden cruzar, mientras que los sistemas antidrones pueden detectar y neutralizar dispositivos que intenten violar las restricciones, proporcionando una capa adicional de protección».

La «claridad normativa» del nuevo RD «reduce la incertidumbre y ayuda a los operadores a entender sus obligaciones, promoviendo prácticas seguras y responsables», aseguran. (Foto: HLD).

A favor: claridad normativa que permitirá gestionar mejor la seguridad

El Real Decreto ofrece, en opinión de esta Asociación, «un marco claro y detallado para la operación de drones, estableciendo responsabilidades específicas para operadores y pilotos». «Y eso -añaden- facilita el cumplimiento normativo».

Por tanto, y según Aepdron, «esta claridad reduce la incertidumbre y ayuda a los operadores a entender sus obligaciones, promoviendo prácticas seguras y responsables».

El nuevo Real Decreto, según Aepdron, establece «un marco claro y detallado para la operación de drones, estableciendo responsabilidades específicas para operadores y pilotos»

Además, «la posibilidad de privatizar zonas específicas para la restricción de vuelos -prosiguen- permite a las entidades responsables de infraestructuras críticas gestionar su seguridad de manera más autónoma y eficaz».

Esto, a su juicio, les da la flexibilidad para adaptar las medidas de seguridad a sus necesidades específicas, mejorando la eficacia de las protecciones implementadas.

A favor: fomento de la innovación para empresas que desarrollen tecnologías antidrones y soluciones de seguridad

En relación precisamente con la claridad normativa que, en opinión de Aepdron, establece el Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, opinan que gracias a ello se promueve «la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector de los drones».

Aepdron defiende que la nueva normativa «abre nuevas oportunidades para empresas que desarrollan tecnologías antidrones y soluciones de seguridad»

Por tanto, sostienen que la nueva normativa «incentiva la inversión y el crecimiento de nuevas aplicaciones comerciales y de seguridad», porque la «claridad regulatoria crea un entorno propicio para la investigación y el desarrollo, fomentando el avance de tecnologías emergentes y la creación de soluciones innovadoras».

Y, siguiendo en la misma línea, la Asociación defiende que esta nueva regulación «también abre nuevas oportunidades para empresas que desarrollan tecnologías antidrones y soluciones de seguridad, impulsando el crecimiento de un mercado emergente con gran potencial».

«La nueva normativa conllevará costes significativos para las entidades responsables de infraestructuras críticas», afirman desde Aepdron.

En contra: costes adicionales para las entidades responsables de las infraestructuras críticas

En cuanto a los aspectos negativos del nuevo Real Decreto, desde Aepdron consideran, que aunque la implementación de medidas de seguridad (como la instalación de sistemas antidrones y la creación de zonas de restricción) tiene una parte positiva, también «conllevará costes significativos para las entidades responsables de infraestructuras críticas».

Además, «las necesidades de formación y certificación de personal para cumplir con las nuevas normas -añaden- también representan un gasto adicional».

En contra: posibles retrasos operativos por los aspectos burocráticos

Otro aspecto negativo, a juicio de la Asociación, está relacionado con «la burocracia asociada a la solicitud y obtención de autorizaciones para la creación de zonas de restricción», porque ese aspecto «podría generar retrasos en la implementación de medidas de seguridad», añaden.

Y también sostienen que «las inspecciones y auditorías regulares requeridas por el decreto podrían interrumpir temporalmente las operaciones normales de las infraestructuras críticas».

En contra: impacto negativo en pequeñas empresas

Finalmente, desde Aepdron creen que «las pequeñas y medianas empresas que operan drones podrían enfrentar dificultades para cumplir con los requisitos financieros y operativos del decreto a la hora de realizar operaciones en infraestructuras críticas, limitando su capacidad competitiva en el mercado».

Las infraestructuras críticas en España

El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) es el órgano del Ministerio del Interior encargado del impulso, la coordinación y supervisión de todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la Protección de Infraestructuras Críticas en el territorio nacional.

Según explican desde el CNPIC, «en España, las actuaciones necesarias para optimizar la seguridad de las infraestructuras críticas se enmarcan principalmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas y, especialmente, contra ataques terroristas, resultando por ello lideradas por el Ministerio del Interior».

El CNPIC gestiona una red de más de 300 entidades y alrededor de 1.200 planes de seguridad para la protección de las infraestructuras críticas

El Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas está compuesto por 12 departamentos ministeriales y 10 organismos de la administración central y autonómica, y por más de 250 operadores críticos (públicos y privados), bajo la autoridad del secretario de Estado de Seguridad.

Todo ello supone la gestión por parte del CNPIC de una red de más de 300 entidades, y de alrededor de 1.200 planes de seguridad, tanto de nivel estratégico como operativo.

Acerca de María Angeles Moya 146 Articles
Dircom de APTIE - EL RADAR y profesora asociada de la UC3M. Licenciada en Periodismo y DEA en Derecho Constitucional. Más de 20 años dedicada al sector de Seguridad y Defensa, 15 de ellos en el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

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