En un informe, la Comisión Europea hace balance de los progresos alcanzados en la ‘Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad’, en materia de protección de infraestructuras críticas, lucha contra el terrorismo y la radicalización, lucha contra la delincuencia organizada, y refuerzo de la cooperación policial y judicial.
La Comisión Europea ha elaborado el séptimo informe de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad 2020-2025. En él, se hace balance de los progresos y logros en una serie de ámbitos clave, como por ejemplo la protección de las infraestructuras físicas y digitales de la UE; la lucha contra el terrorismo y la radicalización; la lucha contra la delincuencia organizada; y el refuerzo de la cooperación policial y judicial.
Según la información difundida por Bruselas, «la Comisión ha cumplido todos los compromisos contraídos en el marco de la Estrategia para una Unión de la Seguridad, y ha incorporado nuevas iniciativas para responder a los retos emergentes y cambiantes en materia de seguridad a lo largo de los años».
Cuatro años después de que comenzara a aplicarse, «la Estrategia -añaden- ha consolidado el conjunto de instrumentos de seguridad de la UE y ofrece ahora una base poderosa para la protección de los europeos en el futuro».
Refuerzo de infraestructuras físicas y digitales
En lo que respecta al refuerzo de las infraestructuras físicas y digitales de la UE, desde la Comisión subrayan que el aumento de los ataques híbridos contra infraestructuras críticas en la UE ha puesto de relieve la necesidad de acrecentar su protección y resiliencia para prevenir o mitigar el impacto de las perturbaciones de los servicios esenciales a los que sostienen.
Sobre esta base, en este séptimo informe la Comisión ha informado de que, desde 2020, se han adoptado nuevas directivas para reforzar las infraestructuras críticas, como por ejemplo las directivas de resiliencia y la relativa a garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información, ambas en vigor desde enero de 2023.
Y en lo que respecta al aumento de los ciberataques, desde Bruselas destacan en el informe los pasos que se han dado para mejorar la ciberseguridad en los estados miembros y en las instituciones de la UE. Entre las medidas adoptadas, resaltan la Ley de Ciberresiliencia (para garantizar la ciberseguridad en el diseño de los productos de hardware y software) y la Ley de Cibersolidaridad (para reforzar las capacidades de la UE para detectar amenazas y ataques significativos y a gran escala en materia de ciberseguridad).
Lucha contra el terrorismo y la radicalización
La lucha contra el terrorismo -señalan desde Bruselas- ha sido una prioridad de la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad 2020-2025. En este sentido, la Comisión ha reflejado en el informe que la aplicación de la Agenda 2020 de Lucha contra el Terrorismo de la UE «está bien encaminada».
También hacen constar que, para prevenir la radicalización, la Comisión ha apoyado a los estados miembros a través de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización y ha establecido nuevos instrumentos jurídicos para proteger a los ciudadanos de los contenidos extremistas y terroristas nocivos en línea y fuera de línea.
Por ejemplo, la Comisión se refiere al Reglamento sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea, en virtud del cual las plataformas deben retirar los contenidos terroristas en el plazo de una hora.
Lucha contra la delincuencia organizada
En este ámbito de actuación, la Comisión ha puesto en marcha diversas iniciativas, como la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 y la Estrategia de la UE sobre Drogas 2021-2025.
En octubre de 2023, la Comisión estableció la hoja de ruta de la UE para luchar contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada con diecisiete acciones prioritarias, incluida la Alianza Europea de Puertos, que se puso en marcha en enero de 2024 para aumentar la resiliencia de los puertos.
Además, la Comisión también reforzó el mandato de la futura Agencia de la UE sobre Drogas y estrechó la cooperación entre las autoridades policiales de los Estados miembros y con los países latinoamericanos. Y, en mayo de 2023, propuso normas nuevas y reforzadas para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las sanciones en toda la UE.
Refuerzo de la cooperación policial y judicial
En el informe, la Comisión expone, entre otras medidas adoptadas, las relativas al intercambio de información y una revisión del mecanismo de Prüm sobre el intercambio automatizado de datos para la cooperación policial, así como nuevas normas relativas a la información anticipada sobre los pasajeros.
También las nuevas normas sobre la remisión de procesos en materia penal, que «contribuirán -aseguran desde Bruselas- a evitar la duplicación ineficiente de los procesos y a evitar los casos de impunidad».
