El 13 de febrero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos deliberó sobre la Resolución 3202, la «Assad Regime Anti-Normalization Act of 2023». Al día siguiente, la Cámara aprobó el proyecto de ley con una mayoría bipartidista de 389 votos a favor y 32 en contra. Ahora, el proyecto de ley pasa al Senado, donde lo más probable es que se apruebe con un apoyo bipartidista similar y un sonoro respaldo del presidente Biden una vez que llegue a su mesa.
El proyecto de ley se impulsó con un barniz de apoyo a Siria, representado con el respaldo de la Syrian Emergency Task Force (SETF) y el Syrian American Council (SAC), grupos de la oposición siria en EE.UU. Aunque sus objetivos parezcan, a primera vista, centrarse en cuestiones humanitarias y en la búsqueda de la rendición de cuentas, la realidad es mucho más complicada.
Objetivos declarados del proyecto de ley
El proyecto de ley se presentó al público como una herramienta para la rendición de cuentas dirigida exclusivamente contra el gobierno de Siria dirigido por Assad y cualquiera de sus socios en el país. El proyecto de ley pretende conseguirlo «Prohibiendo cualquier acción oficial estadounidense para normalizar las relaciones con cualquier gobierno sirio dirigido por Bashar al-Assad», «Reforzando las sanciones impuestas a Siria en materia de derechos humanos» y «Examinando la manipulación de Naciones Unidas por parte del gobierno de Assad».
Al hilo de la cortés presentación del proyecto de ley, Moaz Moustafa, Director Ejecutivo de la SETF, declaró: «Estamos orgullosos de ver una legislación que responsabiliza al régimen de Assad y a quienes normalizan con criminales de guerra» como respuesta a la aprobación del proyecto de ley.
Del mismo modo, en la Cámara de Representantes, el presidente de la «House Foreign Relations Committee» (Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes), Mike McCaul, anunció que «el Congreso está enviando un mensaje de que sigue comprometido con la justicia para el pueblo sirio».
Los verdaderos objetivos del proyecto de ley
Aunque los objetivos declarados parecen centrarse en la rendición de cuentas y los derechos humanos, la verdadera esencia del proyecto de ley quedó convenientemente sin mencionar en los mensajes de celebración del SETF y de los representantes de la Cámara en X (antes Twitter).
Una línea, en las profundidades del proyecto de ley de 22 páginas, dice: «Section 7438 of the Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 se modifica eliminando ‘la fecha que sea 5 años después de la fecha de promulgación de esta Ley’ e insertando ’31 de diciembre de 2032′». Esta línea oculta, omitida en todo el contenido explicativo distribuido por la SETF y la SAC, prorroga ocho años más la Ley César, que expira en 2024.
La perversamente llamada Caesar Syria Civilian Protection Act (Ley César de Protección Civil de Siria) de 2019 ha inmisericordado a los más de 12 millones de sirios que viven bajo el gobierno de Siria. Desde la promulgación de la Ley, el porcentaje de población siria por debajo del umbral de pobreza ha alcanzado el 90%, se ha retrasado el crecimiento de 600.000 niños sirios y han aumentado en un 60% los casos de anemia en mujeres embarazadas y lactantes.
Descrito como «sin precedentes», como uno de los «regímenes colectivos más estrictos y complejos de la historia reciente» y como el «régimen de sanciones más complicado y de mayor alcance jamás impuesto», los grupos sirios que impulsan la prórroga de ocho años de César evitaron, comprensiblemente, mencionar la parte más crucial de este nuevo proyecto de ley, aunque contribuyeron a dar cobertura a Siria para su aprobación.
Las Caesar Sanctions
Ninguno de los cuatro artículos escritos por el SETF menciona la prórroga de las Caesar Sanctions hasta 2032.
En cuanto a la normalización, aunque el proyecto de ley pretende imponer únicamente una política estadounidense de rechazo total a la normalización con el gobierno sirio, en realidad, el proyecto de ley enumera varias medidas que amenazarían a toda una lista de otros países que deseen restablecer relaciones diplomáticas con Siria.
El proyecto de ley pide al secretario de Estado que presente un informe anual al Congreso en el que se detalle una «estrategia para describir y contrarrestar las acciones emprendidas o planeadas por gobiernos extranjeros para normalizar, entablar o mejorar los vínculos políticos, diplomáticos o económicos con el régimen dirigido por Bashar al Assad en Siria». Este informe anual también debe incluir «una lista completa de las reuniones diplomáticas a nivel de embajador o superior, entre el régimen sirio y cualquier representante de los gobiernos» mencionados.
El informe también debe incluir una lista de cualquier transacción de 500.000 dólares estadounidenses o más entre cualquier «persona extranjera ubicada en Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Irak, Omán, Bahréin, Kuwait, el Reino de Arabia Saudí, Túnez, Argelia, Marruecos, Libia o Líbano» y cualquier «receptor en cualquier zona de Siria en poder del régimen de Assad.»
Sancionar a siria: una tradición de washington
La H.R. 3202 no es el primer proyecto de ley de sanciones contra Siria, ni será el último. La guerra económica que Estados Unidos ha librado contra Siria comenzó mucho antes de que un vendedor de plátanos tunecino se autoinmolara, lanzando lo que se conocería como la Primavera Árabe.
En 1973, mientras se libraba la denominada October War (Guerra de Octubre), Henry Kissinger perfeccionaba su diplomacia itinerante con la esperanza de romper la espina que suponía el ex presidente sirio Hafez Al Assad. Kissinger lo intentó todo para conseguir que el entonces presidente sirio abandonara la lucha militar y la resistencia de alianzas que libraba contra la presencia estadounidense en Oriente Medio, en particular contra Israel.
Al no conseguir que la Siria de Assad dejara de apoyar a Hezbolá, la Yihad Palestina, Hamás y otros grupos de resistencia, y una vez debilitada la posición de Siria por la firma egipcia de los Acuerdos de Camp David de 1978, la ira del Departamento de Estado y del Tesoro estadounidenses, cayó sobre la República Árabe.
El nombre de Siria fue inscrito en 1979 en la lista inaugural de «Estados patrocinadores del terrorismo», junto con Irak, Libia y Yemen del Sur. En la actualidad, Siria sigue siendo el único miembro inaugural que continúa en la lista, compartiendo protagonismo con los países recién añadidos: Cuba, Irán y Corea del Norte.
Cronología de los miembros de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de EEUU. Fuente: Wikipedia
Durante los últimos 45 años, desde que Siria entró en la lista de Patrocinadores del Terrorismo, las sanciones nunca han cesado. A continuación, figura una lista resumida de todas las sanciones que se han impuesto progresivamente al país de Siria y a su pueblo:
En 1979, la Export Administration Act (Ley de Administración de las Exportaciones) añadió a Siria al SST y, por tanto, restringió la posibilidad de que Siria recibiera fondos de ayuda exterior de Estados Unidos. La Ley añadió que el Secretario de Estado debía notificar al Congreso antes de autorizar la exportación de bienes o tecnología por valor de más de 7 millones de dólares a Siria.
En 1985, el umbral para notificar al Congreso antes de autorizar la exportación de bienes o tecnología a Siria se redujo de 7 millones de dólares a 1 millón de dólares.
En 1986, la Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act de 1986 y la Omnibus Budget Reconciliation Act de 1986 prohibieron, respectivamente, las ventas militares estadounidenses a Siria y denegaron los créditos fiscales extranjeros por ingresos o beneficios de guerra procedentes de Siria, citando ambas leyes el supuesto apoyo del gobierno sirio al terrorismo.
En 1989, el umbral para notificar al Congreso antes de autorizar la exportación de bienes o tecnología a Siria se redujo de 1 millón de dólares a cualquier valor.
En 1994, una enmienda a la Foreign Assistance Act (Ley de Ayuda Exterior) de 1961 ordenó que Estados Unidos retuviera una parte proporcional de la financiación y las contribuciones a organizaciones internacionales de programas que beneficiaran a Siria.
En 1996, en virtud de la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva) de 1996, se exigió al presidente de Estados Unidos que retuviera la ayuda a terceros países que proporcionaran asistencia o equipamiento militar letal a Siria.
En 2003, la Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act (SALSRA) impuso amplias sanciones basadas en supuestas acusaciones de armas de destrucción masiva contra Siria y en el apoyo de Siria a «Hezbolá, Hamás, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General».
En 2004, Bush anunció una orden ejecutiva que ampliaba la SALSRA. La ampliación citaba a Siria como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos» por su «socavamiento de […] la estabilización y reconstrucción de Irak».
En 2008, tres años antes de la Primavera Árabe, la administración Bush impuso nuevos bloqueos de activos relacionados con la corrupción pública en Siria.
Una vez que los levantamientos de la Primavera Árabe llegaron a Siria, el goteo de sanciones se convirtió en un diluvio, y un montón de proyectos de ley y órdenes ejecutivas impusieron una serie de sanciones a multitud de industrias en Siria, todo lo cual culminó en la Caesar Civilian Protection Act de 2019.
En la actualidad, Siria es el país más sancionado per cápita del mundo. Ocupa el tercer lugar, sólo por detrás de Rusia (tras la guerra de Ucrania) e Irán. Sin embargo, Siria es mucho más pequeña que el valedictorian y el salutatorian de las sanciones estadounidenses y está en una situación económica mucho peor, por lo que está desesperadamente atada a la economía internacional de exportación e importación para su supervivencia y es más vulnerable a los daños de las sanciones.
¿Quién es responsable de la tradición de sanciones?
Aunque la H.R. 3202 no es el primer proyecto de ley que sanciona a Siria, comparte un elemento crucial con todos los proyectos de ley predecesores que han tenido a Siria como objetivo durante el último medio siglo: el Lobby Israelí.
El proyecto de ley de 1979 que introdujo a Siria en la cruel realidad de las sanciones fue una respuesta directa al papel de Siria en la Guerra de Liberación de Octubre librada contra Israel y por el apoyo inquebrantable de Siria a la resistencia palestina.
La SALSRA Act de 2003 y la Caesar Civilian Protection Act de 2019, la segunda y la primera ley de sanciones más enérgicas impuestas a Siria, respectivamente, fueron redactadas por Eliot Engels, ex congresista demócrata del Bronx.
Engels, demócrata neoyorquino acusado de fraude fiscal, es uno de los principales receptores de dinero del American Israel Political Action Committee (AIPAC) en el Congreso, con un total de 1.847.342 dólares recaudados del PAC sionista.
Fte. Blacklisted News
