En marcha una nueva ley para agilizar el intercambio de información sobre antecedentes penales

El nuevo texto legal incorporará al ordenamiento jurídico español aspectos como la petición de antecedentes al estado de condena, y la respuesta de España a peticiones de otros estados sobre ciudadanos comunitarios y apátridas

Este instrumento permitirá a los jueces disponer de otros elementos de juicio, al tiempo que se logra una comunicación automática a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley orgánica para promover y agilizar el intercambio de información sobre antecedentes penales entre estados miembros de la Unión Europea.

Con el nuevo texto legal se pretende mejorar la cooperación judicial en el ámbito comunitario, para facilitar así las labores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza.

Novedades que incorpora el nuevo texto legal

Así, mediante la nueva ley se incorporarían al ordenamiento jurídico español aspectos como la petición de antecedentes al estado de condena, y la respuesta de España a peticiones de otros estados sobre ciudadanos comunitarios y apátridas; la inclusión de la ‘imagen facial‘ entre los datos de los condenados; y la transmisión de información por otros medios seguros, cuando no sea posible hacerlo a través de ECRIS.

ECRIS (Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales) es un sistema electrónico de interconexión de bases de datos por el que los diferentes estados miembros intercambian de forma ágil y sencilla la información de la que disponen sobre antecedentes y condenas.

Esto permite a las autoridades judiciales y administrativas un acceso rápido al historial delictivo de cualquier ciudadano de la UE. El sistema facilita que ningún delincuente pueda eludir a la justicia trasladándose a otro Estado del ámbito comunitario.

Creación de un registro de menores

El anteproyecto de ley orgánica aprobado esta semana, que traspone una directiva europea, implicará la modificación de la actual legislación sobre esta materia (la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre).

En él también se ha articulado la creación de un Registro de Menores, para incluir no solo la inscripción de las sentencias firmes, sino también las medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado, o para la debida protección de la víctima.
Este instrumento permitirá a los jueces disponer de otros elementos de juicio, al tiempo que se logra una comunicación automática a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.