La contratación pública en los sectores de defensa y seguridad en España atraviesa una transformación estratégica impulsada por las tensiones geopolíticas, los avances tecnológicos y las nuevas exigencias operativas.
Introducción
La guerra en Ucrania ha evidenciado la necesidad de reforzar las capacidades nacionales y europeas en materia de defensa y seguridad. Los desafíos emergentes, como la protección de infraestructuras críticas, la ciberseguridad, la protección de datos sensibles, la cooperación internacional y la participación de pequeñas y medianas empresas, requieren un modelo de contratación pública más robusto y adaptativo (Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. -LCSD-). De esta forma, se podrá hacer frente a retos contemporáneos como los conflictos internacionales, que exigen rapidez y adaptabilidad y la transformación digital, con sus tres nuevos pilares: inteligencia artificial (IA), ciberdefensa y sistemas autónomos.
La presión presupuestaria obliga a la eficiencia sin pérdida de capacidades, incluso en ausencia de presupuestos; la interoperabilidad internacional exige el cumplimiento de compromisos con aliados. En consecuencia, con este trabajo se examina el marco jurídico y se plantea una redefinición técnica de los principios clásicos del Derecho Administrativo, así como el desarrollo de nuevos criterios estratégicos que orienten la contratación en defensa y seguridad.
El primer factor por destacar es la necesidad de reforzar principios fundamentales de la contratación pública, como:
- Transparencia y concurrencia: Aunque se reconoce la necesidad de confidencialidad, especialmente en el entorno industrial de defensa, una sociedad madura demanda información e igualdad de oportunidades para todos los actores (Infodefensa, 2/04/2011. Nueva normativa sobre contratos públicos en el ámbito de la seguridad y la defensa).
- Seguridad de la información y del suministro: Los órganos de contratación deben ser muy cuidadosos con la información que exponen en sus licitaciones, ya que podría otorgar ventajas a enemigos potenciales. Se hace necesario establecer requisitos adicionales para proteger datos sensibles y asegurar la continuidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Flexibilidad en los procedimientos: Tradicionalmente, el procedimiento negociado con anuncio se ha considerado el ordinario en materia de seguridad y defensa, ya que permite mayor adaptabilidad en contratos complejos. Sin embargo, su uso abusivo denota falta de madurez en una gestión Por ello, se observa la necesidad de utilizar convenientemente todos los procedimientos de adjudicación contractual, siempre simplificando y promoviendo una gestión oportuna y eficiente.
La situación geoestratégica internacional ha puesto de relieve los defectos operativos de gestión, al tiempo que exige adaptaciones frente a nuevos retos derivados de especialidades en materia como la ciberseguridad y tecnología. Al tiempo que hace imprescindible introducir cláusulas específicas para proteger infraestructuras críticas y sistemas digitales (Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) 0845/2022).
En cuanto a la participación de PYME y Startups, se hace necesario fomentar un: «mercado de segundo nivel» en el que las pequeñas empresas puedan participar, ya sea como subcontratistas, ampliando la base industrial de defensa. No basta con contar con grandes «campeones industriales», es preciso integrar el caudal de conocimiento y oportunidades en beneficio de un objetivo común: la defensa y la seguridad de la Nación.
«La cooperación europea» se desarrolla en torno a la Directiva 2009/81/CE con el fin de facilitar la interoperabilidad y colaboración entre países.
Ante estos nuevos retos la solución de mejora para una contratación pública eficiente se busca en los aspectos que se detallan a continuación.
Profesionalización especializada
Esta debe impulsarse mediante la formación continua de gestores públicos y privados en normativa contractual pública específica, gestión de riesgos y evaluación de ofertas técnicas. Con este fin, es necesario distinguir tres niveles fundamentales de decisión:
A. El técnico
Corresponde a los organismos que serán usuarios y que plantean las necesidades operativas y técnicas de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, sin interferencias de óptica política alguna.
Este punto es esencial, ya que la contratación pública debe regirse por los principios de eficiencia, transparencia, libre concurrencia y objetividad, tal como establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
Para garantizar estos principios, es imprescindible que las decisiones técnicas — como la configuración del objeto del contrato, los criterios de adjudicación o la valoración de ofertas— sean adoptadas por personal técnico cualificado y libre de presiones políticas. Los técnicos conocen las necesidades reales del servicio, los estándares del mercado y las prioridades operativas, lo que permite configurar contratos que maximicen el valor del dinero público y promuevan la innovación y la sostenibilidad. La discrecionalidad técnica es una facultad reconocida por los tribunales de recursos contractuales, ya que permite a los órganos de contratación adoptar decisiones basadas en criterios profesionales y especializados (Resoluciones TACRC1187/2022 y 688/2015).
Además, la injerencia política genera riesgos jurídicos como: impugnaciones de licitaciones, responsabilidad patrimonial de la Administración e investigaciones por corrupción o tráfico de influencias. José Carlos Acosta Lepe señala que: «La discrecionalidad técnica presupone pericia y capacidad profesional, y no puede ser sustituida por presiones externas ni por intereses ajenos a la lógica contractual» (2021. «La doctrina de discrecionalidad técnica de los órganos de contratación pública». Administración Pública Digital). Por su parte, María Asunción Sanmartín Mora determina que «la discrecionalidad técnica no puede ser sustituida por la voluntad de las entidades licitadoras ni por presiones externas» (2021. «Límites a la discrecionalidad técnica: prescripciones técnicas arbitrarias, injustificadas y limitativas de la competencia». Observatorio de Contratación Pública).
B. El nivel de gestión económica y jurídica de la contratación dentro del Ministerio
Para ello, se requieren unidades especializadas, con perfiles demostrables de alta cualificación técnica, jurídica y económica, abiertas al intercambio de buenas prácticas con otros países de la UE y la OTAN.
C. El nivel de los gestores de contratación en defensa y seguridad en las empresas
Para que un proceso de contratación pública sea eficiente, este debe comenzar en el posible licitante. Así, los procesos contractuales desiertos —la mayoría de las veces por falta de conocimiento e información— o aquellos con un solo licitante, son la prueba del mayor grado de ineficiencia en la contratación pública. Según datos de supervisión, más del 40% de los contratos se adjudican con un solo licitador, y cerca del 9% quedan desiertos (ORIESCON. Las cifras de la contratación pública en 2024, el Informe Anual de Supervisión 2025, Módulo I e IGAE. Informes de Control Financiero Permanente 2023-24).
Planificación estratégica y multianual
Es un factor esencial para conseguir la eficiencia y siempre teniendo presente la información de experiencias de los datos históricos de compras anteriores. La programación plurianual de adquisiciones ha de estar alineada con la «Estrategia de Seguridad Nacional» y los «Planes de modernización militar».
Los instrumentos contractuales recomendables son los «contratos marco» y los «acuerdos de colaboración» con el fin de agilizar las compras recurrentes y así conseguir una correcta gestión presupuestaria anual.
Con este propósito, se hace muy necesaria la evaluación de necesidades reales con participación de las Fuerzas Armadas y expertos en defensa sin interferencias de la política de partidos. Por medio de los «contratos marco» se logra:
- Agilizar compras recurrentes de suministros como munición, repuestos, uniformes, sistemas TIC.
- Evitar licitaciones repetitivas, especialmente en entornos operativos
- Garantizar seguridad del suministro, como exige la Ley 24/2011.
- Facilitar la colaboración interinstitucional, mediante centrales de contratación o acuerdos interministeriales
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Justo A. Huerta Barajas
Academia de las Ciencias y las Artes Militares
Sección de Futuro de las Operaciones Militares